Oficinas de imputados en caso Calamar fungían como centros de acopio y distribución del efectivo

SANTO DOMINGO.- De acuerdo a la acusación formal del Ministerio Público la distribución del dinero la hacían desde las oficinas de los imputados en caso Calamar, las cuales fungían como centros de acopio y distribución del efectivo para la estructura de corrupción.

El documento señala que uno de los principales centros era la oficina de la Casita: situada en la calle La Ceiba, No. 102, esquina Helios, sector Bella Vista, Distrito Nacional. Este lugar servía como centro de reuniones para José Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández y Ángel Donald Guerrero Ortiz, donde se definían estrategias de naturaleza criminal y políticas.

“La denominada La Casita se convirtió en el principal centro de acopio de dinero en efectivo de esta estructura criminal, de donde salían los recursos que en menor cantidad fueron inyectados para financiar de manera ilícita campañas electorales”, señala.

Asmismo, menciona el edificio Gampsa IV, ubicada en la calle José López, esquina Luis Padilla, Los Prados, Distrito Nacional, donde está ubicada la Oficina de Gonzalo Castillo Terrero, excandidato Presidencial del PLD.

Por igual, el expediente indica que solían trasladar dinero a la oficina del procesado Fernando Crisóstomo Herrera, ubicada en la avenida Gustavo Mejía Ricart 120, Distrito Nacional.

“Crisóstomo Herrera usaba estos recursos para su provecho personal por su rol dentro de la organización criminal al facilitar la identificación de expedientes de pagos por expropiación, individuos y entidades que actuaban prestanombres y estructuras corporativas. Esto permitía captar, transportar, encubrir y convertir los fondos destinados a la estructura de corrupción, los cuales se usaban para pagar sobornos a funcionarios y otros miembros de la organización criminal”.

De las pruebas y las circunstancias objetivas de los hechos imputados, el Ministerio Público establece con “una certeza absoluta que se ha probado que los acusados, a sabiendas de que los activos, bienes, recursos y otros instrumentos provenían de delitos determinantes del lavado de activos, esto a partir del análisis por línea de la acción criminal, y las circunstancias relativas a tiempo, modo de adquisición, crecimiento económico y colocación de los recursos en el mercado nacional e internacional, de manera directa, a través de familiares o empresarios tradicionales que aceptaron ser parte del entramado para a cambio de participación en los beneficios económicos colocar los activos en el mercado con apariencia lícita y bajo la sombrilla de un patrimonio lícito, pero multiplicado con la inyección multimillonaria del dinero distraído del Estado dominicano”.

El Ministerio Público señala a los 46 acusados incluidos en la Operación Calamar, entre los cuales hay 34 personas físicas y 12 empresas, de formar una estructura delictiva o “holding criminal” que le costó al Estado dominicano más de 41 mil millones de pesos en recursos pagados en violación a la ley.
De los montos, 20,281,133,589.11 (20, 281 millones de pesos) corresponden a expropiaciones y reconocimiento de deuda administrativa; mientras que por concepto de líneas de crédito y contratistas del Estado vía Banco de Reservas fueron unos 20,904,831,250.65 (20,904 millones de pesos).

El Ministerio Público alega que esta estructura se configuró a partir del partir del Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República, Dirección General de Bienes Nacionales, Consejo Estatal del Azúcar, Dirección General de Catastro Nacional, Banco de Reservas y Dirección General de Presupuesto, con el objetivo de estafar y desfalcar al Estado Dominicano.

Supuestamente los acusados constriñeron a empresarios a cederle parte de su contrato, de lo contrario no seguirían siendo suplidores del Estado. Asimismo, de acuerdo con el MP, utilizaron esquemas empresariales tradicionales para hacer operaciones de lavado de activos al más alto nivel.

También alegadamente adulteraron fecha de registro y de firma de contrato para lavar activos a través de empresas que recibieron cantidades exorbitantes del patrimonio público, por medio de contratos de negociación simulados y accedieron a préstamos y líneas de créditos, queen algunos casos excedieron los 45 millones de dólares, sin ninguna garantía.

Según la acusación formal obtenida por Noticias SIN falsearon la declaración jurada de bienes para poder ocultar los fondos ilícitos que habían obtenido y Aprovecharon los conocimientos que tenían sobre el manejo de la administración pública para violentar sus procedimientos y cometer ilícitos penales en beneficio de los miembros de la organización criminal y sus relacionados.

Los imputados

En el documento depositado figura el exsenador por la provincia Azua, Rafael Calderón así como los exministros imputados desde el inicio de la investigación Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero.

Además de los exministros se encuentra en el documento acusatorio de la presunta estafa al Estado Daniel Omar De Jesús Caamaño Santana, Rafael Porfirio Calderón Martínez, Luis Miguel Piccirillo Mcabe, Claudio Silver Peña Peña, Princesa Alexandra García Medina, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, Ángel Gilberto Lockward Mella, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Ramón David Hernández, Yahaira Brito Evangelista, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández Paola (DePaola), Emir José Fernández De Paola, Oscar Arturo Chalas Guerrero.

Igualmente, Julián Omar Fernández Figueroa, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Omar Manuel Miqui Arias, Rosa Arias Ruiz, Edwin Oscar Brito Martínez, César Miguel Santana Martínez, Mabel Sahina Mejía Cintrón, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Enrique Cabrera Ramón, Natividad Martínez Capellán, Juan Tomás Polanco Céspedes, Manuel Milcíades Morilla Gil, Manuel Milcíades Morilla Soto, Agustín Mejía Ávila, Daniel Alberto Guerrero Mena.

En el expediente de 3,662 páginas también se incluye a 12 empresas privadas entre ellas Razón social Miqui Trade, S.R.L., Razón social Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L., Razón social Britza Inversiones y Construcciones, S.R.L, Razón social Brimart Comercial, BM, S.R.L., Razón social Bribae Dominicana, S.R.L., Razón social Fincas de Recreo Villa Mella, S.R.L., Razón social Inmobiliaria Santa Bárbara,S.R.L., Razón social Desarrollos Rurales, S.R.L., Razón social Ángel Lockward & Asociados, S.R.L., Fundación de Estudios Económicos y Políticos, INC, Razón social Financiamiento de Papeles de Créditos S.R.L. y Intercaribe Mercantil, S.A.S.

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Author: Noticias SIN